La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, priorizar el respeto a los derechos humanos y poner fin a políticas migratorias “racistas”, que afectan principalmente a los haitianos, en su segundo periodo de Gobierno, que se inició el 16 de agosto.
En un comunicado, AI subrayó “la necesidad urgente” de que las instituciones dominicanas “erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana”.
El inicio del nuevo Gobierno de Abinader “debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses”, apuntó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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Es crucial, destacó, que “se establezcan políticas migratorias que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”.
Desde 2022 República Dominicana se ha convertido en el país que deporta más personas haitianas en movilidad, a pesar del llamamiento en noviembre de 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los Estados para detener los retornos forzados a Haití ante la situación en ese país, de acuerdo con la entidad.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208.166 personas haitianas, de ellas más de 20.000 adolescentes, niñas y niños, mientras que en lo que va de año, a pesar de la grave crisis en Haití, el Gobierno dominicano ha deportado a 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 menores.
Amnistía Internacional “ha constatado que muchas de estas expulsiones han sido colectivas, violando el principio de no devolución y el derecho de asilo de las personas haitianas”.
Dichas expulsiones colectivas “son contrarias a las obligaciones internacionales de la República Dominicana porque no permiten una evaluación individualizada de las necesidades de protección de cada persona afectada, ni de los riesgos a los que se enfrentarían las personas al ser devueltas a Haití”, agregó la organización defensora de los derechos humanos.
